En 2015, Guatemala se comprometió con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 6) como parte de la Agenda 2030, y el compromiso es que todos tendrán agua gestionada de forma segura para el año 2030. Al día de hoy, estamos muy lejos de conseguirlo.
El Decenio Internacional para la Acción, Agua para el Desarrollo Sostenible, comenzó el 22 de marzo de 2018, y terminará en igual fecha del 2028. Dicho Decenio propone acelerar los esfuerzos para enfrentar los desafíos relacionados con el agua. Abordar los retos como el acceso al agua potable y al saneamiento; la presión sobre los recursos hídricos y los ecosistemas; y el creciente riesgo de sequías e inundaciones.
Aparentemente hay disponibilidad hídrica en Guatemala. Pero la realidad es otra; se conjugan varios problemas que tienden a disminuir dicha disponibilidad: la pérdida de cobertura forestal que se incrementa cada año; la elevada contaminación de los cuerpos de agua superficial que constituyen casi dos terceras partes del total de nuestro patrimonio hídrico; la escasa disponibilidad de manantiales y los efectos del cambio climático.
Los males que aquejan al sector Agua y Saneamiento en el país son endémicos. Hace ya varias décadas que los informes nacionales e internacionales del sector presentan los mismos resultados. Una Política Nacional que no se materializa. El marco institucional y el legal compartiendo características similares: atomización, parcialidad, debilidad, incapacidad, desarticulación, inconsistencia, entre otras. Vacío en la pre-inversión y muy poca inversión. Ausencia de administración, operación y mantenimiento de las instalaciones. Gestión deficiente del sector. Vale la pena mencionar que desde el 2010 hay un ley de Educación Ambiental que debiera estar siendo ejecutada y de la que poco se sabe.
Hay que realizar acciones urgentes para enfrentar la crisis nacional de agua para consumo humano, ya que casi 4 millones de personas en el país viven todavía sin acceso a una instalación de agua potable, accesible, aceptable y asequible.
El agua es un elemento esencial en muchos ámbitos de la vida humana, la consecución de este objetivo (ODS 6) contribuirá al progreso de otros ODS, principalmente los relacionados con la salud, la educación, el crecimiento económico y el medio ambiente.
Millones de personas y numerosas escuelas, institutos, e instalaciones de salud, entre otras, se ven afectadas porque aún no se ha cumplido su derecho humano al agua. La morbilidad y la mortalidad en el país debido a enfermedades relacionadas con el agua son altas. Es el año de asumir ese compromiso para acelerar el progreso en el ODS 6 y otras metas relacionadas con el agua que fueron acordadas internacionalmente.
La relación entre la falta de agua y saneamiento y los objetivos de desarrollo es obvia. El agua no potable y el saneamiento deficiente son las principales causas de morbi-mortalidad infantil. La diarrea infantil asociada a la falta de agua potable, el saneamiento inadecuado, aguas contaminadas con microorganismos patógenos y la falta de higiene causan la muerte a miles de niños al año, la mayoría de ellos menores de cinco años. Las aguas contaminadas y la falta de saneamiento obstaculizan la erradicación de la pobreza extrema y de la morbi-mortalidad asociada.
Además, solucionar este problema no es solo una obligación, sino que es rentable. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que cada dólar invertido en el sector se traduce en un beneficio económico de US$5.50. Ese retorno en la inversión beneficia sobre todo a la niñez pobre y a las comunidades desfavorecidas que más lo necesitan.
Cada dólar invertido en el sector se traduce en un beneficio económico de US$5.50
OMS
Hay que reconocer que todos los guatemaltecos tienen el derecho humano al agua y saneamiento y que la falta de esos servicios afecta seriamente la salud, educación y bienestar de las personas y que además tiene un severo efecto sobre la economía nacional, que no puede progresar hasta que este derecho sea respetado, protegido y promovido.
Estando inmersos en un nuevo proceso electoral, plagado de volátiles y efímeros discursos y promesas de campaña, tenemos que requerir a los candidatos a puestos públicos que se comprometan a:
- Hacer que el derecho humano al agua y saneamiento sea una prioridad.
- Coadyuvar para que se promulgue una Ley General de Aguas que defina los recursos hídricos como patrimonio de la Nación, priorice el uso del agua para la vida, aborde la anarquía presente y la conflictividad social y ambiental que se prevé.
- Garantizar para todas las personas, la disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y accesibilidad a los servicios de agua potable y saneamiento.
- Incrementar y mejorar la asignación y ejecución oportuna de los recursos financieros para invertir en la implementación de servicios de agua potable y saneamiento; y garantizar transparencia en la aplicación de los recursos asignados.
- Monitorear y dar Seguimiento a los procesos que involucran los servicios de agua y saneamiento.
- Incrementar la cobertura y el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de tal manera que se logre la ansiada cobertura universal.
- Aceptar el monitoreo y seguimiento de la sociedad o el electorado, participando en foros públicos para la verificación del cumplimiento de los compromisos o promesas de campaña (Auditoría Social).
En cumplimiento de su Visión Institucional y la Representación que ejerce de AIDIS en el país, AGISA debiera liderar una iniciativa en busca de ese compromiso ético-político por parte de los candidatos y sus partidos, de tal forma que asegure que los puntos antes expuestos se incluyan en la Agenda Electoral de este proceso.
¡Prioridad al derecho al agua y saneamiento!
